Mandalay – “Hay un gran desánimo y tristeza. Vivimos con mucha preocupación por la violencia que continúa y por la guerra civil que se extiende. El episodio de la destrucción de la aldea de Kin Ma, en el municipio de Pauk, ha dejado a todo el mundo conmocionado y atónito. La nación necesita paz y la población civil está sufriendo mucho”, dice a la Agencia Fides el padre Peter Htwal Sei Myint, sacerdote católico de la archidiócesis de Mandalay, centrándose en el grave episodio ocurrido el 15 de junio en el territorio de la diócesis. Tras los enfrentamientos con grupos de opositores, las fuerzas de seguridad de Myanmar incendiaron la aldea de Kin Ma, donde vivían unas 800 personas, dejando unas 200 casas reducidas a montones de escombros. La mayoría de los aldeanos huyeron y se escondieron en los bosques cercanos. Según los propios habitantes del pueblo, situado en la región de Magway, dos ancianos que no pudieron escapar fueron quemados vivos.
“El ejército culpa a los grupos de resistencia de las Fuerzas de Defensa del Pueblo, pero la población acusa al ejército de ejercer la violencia sobre los civiles también en otros episodios. Es una situación muy grave y dolorosa la que vive nuestro país. Rezamos y pedimos a todas las partes implicadas que respeten la dignidad humana y preserven a los débiles y vulnerables”, señala el sacerdote.
Thin Ling Aung, representante del Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), el parlamento birmano en el exilio, ha calificado esta acción como un “crimen de guerra”, y ha dicho que el CRPH presentaría una denuncia en los foros internacionales correspondientes. El abogado birmano Kyi Myint por su parte, ha añadido que “los militares están cometiendo ataques inhumanos contra los civiles”.
En un comunicado emitido hoy, 18 de junio, la oficina de la ONU en Myanmar ha expresado su “preocupación por la escalada de violaciones de los derechos humanos” en el país, citando los abusos cometidos por ambas partes, y ha lanzado un llamamiento a “todos los actores de la crisis actual para que garanticen el respeto de las normas internacionales de derechos humanos”. “Esto incluye el cumplimiento de la obligación de minimizar los daños colaterales a la población civil y a las infraestructuras civiles y la prohibición de aplicar castigos colectivos contra comunidades, familias o individuos”, afirma la oficina de la ONU. La declaración pide que “los responsables de las violaciones de los derechos humanos rindan cuentas, incluidos los autores y su cadena de mando”.
El gobierno y sus opositores se llaman recíprocamente “terroristas”. Lo que inicialmente había sido un “movimiento de desobediencia civil” no violento ha evolucionado hasta convertirse en una incipiente fuerza de resistencia armada en respuesta a la dura represión del ejército, que ha matado a cientos de manifestantes pacíficos.
(PA-JZ) (Agencia Fides 18/6/2021)