Yangon (Agencia Fides) - "Iniciar un proceso de diálogo y mediación en el conflicto civil de Myanmar es importante y urgente por muchas razones: para detener la crueldad del ejército contra la población civil, que está ante los ojos de todos; para permitir a la nación reanudar una vida social, con educación, asistencia sanitaria y desarrollo, de lo contrario se dirige hacia el abismo", dice a la Agencia Fides Joseph Kung Za Hmung, católico de Yangon, educador y fundador de la primera universidad católica privada del país, la Universidad San Joseph de Yangon. Además, lleva años implicado en labores de divulgación (con el periódico católico en Internet "Gloria news Journal") y desde 2004, en programas de desarrollo en zonas rurales, dirigiendo la ONG "Community Agency for Rural Development".
Joseph Kung ha sido nombrado ahora representante cristiano en la "Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar", organismo vinculado al gobierno birmano (los miembros son nombrados por el gobierno actual, según la Constitución) pero llamado a actuar como "observador independiente", supervisando la situación de los derechos humanos en el país y haciendo recomendaciones al ejecutivo.
En septiembre, la junta militar renovó los nombramientos de los 11 miembros de la Comisión (que ejercen su cargo durante cinco años), eligiendo a académicos y personas comprometidas con la sociedad civil, no con el aparato militar o gubernamental. "Los miembros de la Comisión proceden de la sociedad, conocen y tienen contactos con las fuerzas populares de defensa que están luchando, por lo que hoy la Comisión puede desempeñar un papel de puente y ser un órgano que ayude a iniciar un proceso de diálogo y mediación. Abrir un canal es hoy crucial para toda la nación. También es necesario dialogar con la Junta. Asimismo, se están llevando a cabo intentos de mediación desde fuera del país, por ejemplo en el seno de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) con la participación de naciones como Indonesia y Tailandia", señala Joseph Kung.
Mirando con realismo la situación sobre el terreno, Kung añade que “es necesario que todos acepten un alto el fuego porque toda la nación saldría beneficiada, en primer lugar la sufrida población civil y los desplazados internos, cuyo número no deja de aumentar. La nación se encuentra en estado de postración. Acudiendo a la mesa de negociaciones, las fuerzas populares podrán reiterar su exigencia de un gobierno civil. Se calcula que las fuerzas populares y las milicias étnicas controlan actualmente el 75% del país, mientras que la zona central y las principales ciudades están defendidas por el ejército, que sigue siendo muy poderoso, con armamento pesado. La confrontación y la búsqueda de un terreno común benefician a todos", señala.
El llamamiento a entablar un diálogo entre las partes beligerantes procede también de la última reunión de la ASEAN, que propuso organizar una conferencia de paz. En los últimos días, el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Yangon y presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, en el Vaticano con motivo del Sínodo, recordando el dramático conflicto de su país, ha expresado el sincero deseo de que "se encuentre una vía de reconciliación", pidiendo "una mesa de diálogo para la paz". El jefe de la junta militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, ha invitado a las milicias étnicas rebeldes a participar en las conversaciones de paz, reiterando el llamamiento en el noveno aniversario de la firma del acuerdo nacional de alto el fuego de 2015.
La recién nombrada Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar ha tenido la oportunidad en los últimos días de reunirse y visitar la prisión de Insein, en Yangon, donde hay 12.000 reclusos. La Comisión ha examinado sus condiciones y necesidades, tanto materiales como espirituales, y ha formulado recomendaciones al gobierno. Cabe destacar la situación de los detenidos rohingya, muchos de los cuales han cumplido sus condenas pero siguen detenidos porque no pueden regresar a sus hogares en el estado birmano de Arakan, devastado por la guerra. Además de detenidos por delitos comunes, en la prisión también hay presos políticos, opositores al régimen. La Comisión ha recomendado que los presos políticos reciban el mismo trato que los demás reclusos, y ha pedido que se les incluya en la medida de amnistía o reducción de penas, que suele adoptarse en las fiestas nacionales.
(PA) (Agencia Fides 23/10/2024)